Ausgabe 31 - Herbst 2001
El Costo del salto a la aldea global

por Alvaro Silvera

La crisis argentina no pasa desapercibida para nadie. Menos para sus vecinos. En Uruguay, su impacto se suma al desempleo, la inseguridad y la inexistencia de políticas estatales propias de contención. Pero, organización mediante, se libra batalla.

El invierno ha sido largo en Uruguay. En pleno mes de setiembre seguimos amaneciendo con 5 ºC, y por más que se han establecido planes de contingencia, el frío cobra sus víctimas en las calles de Montevideo. Algo similar sucede a nivel de las preocupaciones de la gente. Por un lado está la percepción que se tiene desde la administración del poder, y más acá, lo que vive la gente, desde su rol de ciudadano. Dado el panorama mundial, regido primordialmente por el campo económico, Uruguay – según la terminología en boga- no ha podido menos que ceñirse a las reglas de juego en la medida de sus posibilidades.

Así es que el desvelo permanente, tanto del actual Ministro de Economía como de sus predecesores desde que se restableció en el año 1985 el régimen democrático, ha apuntado a mantener el país en línea con los requerimientos de los prestamistas internacionales. Se ha comprometido desde la misma Carta Intención con el Fondo Monetario International (FMI) a reformas estructurales, que indefectiblemente hacen a los pilares de las economías nacionales, considerados desde siempre en Uruguay patrimonio nacional.

Si bien se ha logrado mantener el investment grade otorgado por las calificadoras internacionales, han sido ofrendadas prendas muy codiciadas por las inversoras multinacionales. Recientemente se remató el 80 por ciento de las acciones de la Administración Nacional de Puertos (ANP), cuyo beneficiario es el Consorcio belga-uruguayo Nelsury S.A.

La rentabilidad del tráfico de la mercadería que ingresa por la puerta de entrada por excelencia al país pasará a manos privadas, en su mayoría extranjera (Seaports Terminals del Grupo Katoen Natie tiene el 60 por ciento de las acciones).

Así mismo existe una firme intención del Ejecutivo de asociar a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) con capitales privados. Ello supondría la eliminación del monopolio que ANCAP detenta respecto a la distribución y refinamiento de combustibles. Nuevamente las condiciones de asociación suponen facilidades mayúsculas para los interesados, como lo son concesiónes por 30 años en el caso de las acciones portuarias.

También está aprobado un Marco Regulatorio para la Energía Eléctrica, cuya generación y distribución es estatal, pero que a partir de esta nueva intervención está en condiciones de ser adjudicada a privados. Similar estrategia se ha seguido para los seguros de vida (donde el Banco de Seguros del Estado monopolizaba la plaza) y los ahorros previsionales del aporte jubilatorio (AFAPs) que fue retirado parcialmente de la órbita del Banco de Previsión Social y otro tanto sucedió con la aerolínea de bandera nacional (Pluna) que fue adquirida por la brasileña Varig.

Todas estas medidas apuntan a abrir el país a las corrientes de inversión multinacionales que presionan fuertemente en los diferentes ámbitos mundiales (OMC, FMI, BM) por hallar una nueva veta que genere riqueza, ante la saturación de producción y el agotamiento del nivel de consumo, que se percibe en la recesión de los países del Primer Mundo.

Lo que preocupa al gobierno

Para la interna del país también existen fórmulas que intentan mantener la balanza de gastos equilibrada. Si bien el déficit ronda los US$ 800 millones, el Ejecutivo se ha propuesto bajar el costo del Estado.

Por una parte Jorge Batlle pretende recortar gastos a la estructura estatal pero a su vez, paliativo de aquella medida, impulsa una andanada recaudadora que se ve reflejada en el sinnúmero de impuestos aprobados, que no siempre caen sobre los bolsillos de los más pudientes.

Sólo en el primer año de gobierno se crearon o modificaron los márgenes de impuestos ya existentes. Impuesto al correo, a los intereses de préstamos menores de 50 mil pesos otorgados por cooperativas de ahorro y crédito, a la renta e IMABA de las cooperativas de ahorro y crédito, extensión del IMABA a todas las entidades que den créditos sean bancos o no, aumento del impuesto a los sueldos a 9 por ciento para los salarios públicos mayores a 29 salarios mínimos, aumento del impuesto a los sueldos de los profesionales que ganen más de 29 salarios mínimos.

Esta estrategia de entrecasa se ha visto relativizada, cuando no contradicha, en la medida en que han saltado al ámbito público innumerables casos de corrupción y nepotismo en las más altas esferas de los diferentes ámbitos de la Administración o que también generan costos económicos y políticos. Esta serie de hechos, que una y otra vez han terminado en procesamientos judiciales, abarcando desde directores de bancos estatales, funcionarios pertenecientes a la Dirección General Impositiva (quien se encarga de controlar el pago de los impuestos de empresas e individuos), personal de la Dirección de Aduanas (quien se encarga de controlar qué sale y qué entra al país, y qué impuestos debe pagarse por ello), policías y militares.

Por otra parte esta serie de incidentes ha dejado al descubierto lo que para la ciudadanía era una verdad histórica: el Estado siempre ha sido utilizado para favorecer a círculos de amigos y familiares, a correligionarios frustrados electoralmente, cuando no para fines estrictamente personales. Llegados a este punto vale la pena aclarar que el gobierno nacional, desde la Independencia del país en 1830, ha sido ostentado casi permanentemente por el Partido Colorado, con sólo un par de excepciones en cada siglo en que por un período gobernó el Partido Nacional. De todas formas, esta alternancia en el poder, no ha significado desde 1985 al presente oposición, ya que ante el crecimiento acelerado de la propuesta de izquierda (Frente Amplio) más allá de quien ocupe el Poder Ejecutivo, Blancos y Colorados han gobernado en forma coaligada.

Lo que preocupa a la gente

En el llano las preocupaciones son otras.En Uruguay hay 70 intervenciones policiales con menores por día (25.757 en el año 2000). Según informes del Ministerio del Interior las mismas –para realizar un procedimiento de identifcación o porque cometieron una infracción- aumentaron un 13 por ciento con respecto a 1999 y en 21 por ciento en relación a 1997.

Lo que se ha denominado Seguridad Ciudadana ha sido una bola de nieve difícil de contener, en la medida en que las condiciones de subsistencia se han precarizado.

En otro orden, el último viernes de agosto, sobre el final de la tarde, el Directorio del banco Surinvest, notificaba a las autoridades del Banco Central uruguayo de una nueva estrategia de funcionamiento que, reestructura mediante, significa el despido de medio centenar de funcionarios, la mitad de la plantilla.

Este Banco está integrado por capitales internacionales: el Banco Hong Kong Shangai, Unibanco de Brasil, First Union de EE.UU., Bice de Chile (cada uno con 15 por ciento de acciones), Rabobank de Holanda y la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco Mundial (ambas con un 20 por ciento). Sin embargo, a pesar de la aparente fortaleza de su integración, el incidente no fue previsto en la fiscalización que realiza la entidad bancaria central de Uruguay y 15 días después sigue sin solucionarse el conflicto.

Trago amargo similar, el país había sufrido el año pasado cuando el Banco do Brasil (banco oficial del país norteño) decidió cerrar sus puertas y dejar una representación testimonial. Nada menos que el socio más fuerte del Mercosur. Si bien en aquel momento se redistribuyó a los empleados en diferentes casas bancarias, el conflicto fue un duro golpe que sonó a cuestionamiento a la credibilidad financiera en la interna del bloque regional.

La sombra del vecino

En este contexto, habiendo seguido el mismo proceso de desmontaje del Estado, a través de las privatizaciones de las empresas públicas (barcos, aerolíneas, compañías de acero, de petróleo y comunicaciones, servicios hidráulicos, postales y de caminos e incluso el Sistema de Seguridad Social) efectuadas en sendos gobiernos de Carlos Saúl Menem, Argentina, también socio del Mercosur, queda al borde de la cesación de pagos.

A pesar de que, aparentemente, hizo todo lo que debe ejecutar un país emergente a través de reformas estruc-turales, según lo establece el mercado internacional, la bomba estuvo a punto de detonar. Los analistas explican entonces, a tr-vés de lo que deno-minan la teoría de las expectativas autojustificadas la generación de la crisis autóctona, con una única resolución posible, brindada desde afuera.

Queda expuesto el me-canismo globalizador de la especulación. “Cuando los mer-cados temen la posi-bilidad de que un país deje de pagar sus deudas, demandan mayores tasas de in-terés, lo que a su vez hace que los países estén menos dispues-tos o sean menos ca-paces de pagar, justi-ficando así el temor oficial”.

El estancamiento del momento económico y la reducción de las rentas públicas –nos dice Ricardo Hausmann- fueron producto de las altas tasas de interés que al gobierno argentino se le dificultó liquidar. Crecieron extremadamente los costos de crédito por lo que también se elevó el riesgo de inversión de bonos argentinos, justificando las altas tasas de interés.

El factor globalizador cumple su rol en estos asuntos a través de la percepción y las expectativas de los mercados. La anterior crisis Argentina del ’95, la de Corea en el ’98 o la de Brasil en el ’99, fueron manejadas con una combinación de ajuste doméstico y apoyo internacional. Sostiene Hausmann - profesor de Desarrollo en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard -que el ajuste de entrecasa “deja claro que un resultado positivo es factible” mientras que el respaldo internacional alinea las expectativas del mercado hacia el resultado esperado.

Este apoyo no necesariamente se puede constatar en ayuda financiera; a veces basta con una expresión de compromiso.

Finalmente el Fondo Monetario Internacional da un espaldarazo para la resolución de la coyuntura otorgando una ayuda adicional de U$ 8.000 millones luego de una cuarta revisión del programa de gestión para el país sudamericano. Esta decisión, más que priorizar la estabilidad en el sur, es una medida geopolítica de largo alcance que contendrá un nuevo cuestionamiento a la vulnerabilidad de las políticas económicas que desde el norte se imponen.

En lo macro la solución viene dis-puesta, pero a la interna de Argentina, existe coincidencia en cuanto al fraude que ha sido el recam-bio en el gobierno de la Alianza, y mientras transcurren tres largos años de recesión, el asfixia-miento ya casi no tiene espacio para presionar.
Es clarísimo el fracaso de las rece-tas económicas neoliberales que se han impuesto todos estos años, donde vez tras vez hay que innovar en la metodología de su aplicación, y ni las canastas combinadas propuesta por Domingo Cavallo, y ni la paridad dólar/peso han podido evitar que el desempleo siga creciendo y se declare actualmente en un 16 por ciento.

Y es aquí donde hay que apuntar lo que más duele a la gente. Su relativización como individuo, puesto que a la hora de proponer soluciones a los desaguisados, son la reducción salarial compulsiva o directamente la eliminación de las planillas de trabajo los primeros ítems tildados. Para ello se entra en una perversa lógica, que también se ha planteado en nuestro país, de comparar los beneficios entre los asalariados de la función pública –que no política- y los de la actividad privada. Y allí surgen las prebendas que la Constitución otorga y de un plumazo se plantea su modificación barriendo con la estabilidad laboral y confundiendo derechos generados con manipulación del sistema político como agencia de colocación de mano de obra.

Pero los apologistas del sistema neoliberal, que ven con preocupación la carencia de firmeza en las medidas adoptadas por De la Rúa, siguen vociferando a los cuatro vientos que el camino es la reforma, a pesar de que nuestros intereses de deuda sean muy inferiores a los argentinos y las reservas internacionales muestren una tendencia creciente.

A mitad de agosto, mientras arreciaba la crisis financiera en Argentina, el gobierno uruguayo buscaba aire para escapar a los coletazos de la misma. Nuevamente la solución propuesta pasó por incrementar la recaudación con criterio universalista, cuando es claro la existencia de grupos en condiciones paupérrimas como para soportar nuevas erogaciones. Se ha desestimado nuevamente las previsiones del déficit fiscal que de un 2,6 por ciento ya son calculadas entre un 3,3 y 3,5 por ciento, más la previsión de un 0 por ciento de crecimiento hasta fin de año.

Si bien se prevé la reducción del gasto en los Entes en U$S 130 millones se plantea la necesidad de que a ello se le sume la generación de ingresos mediante nuevas medidas impositivas. De no aplicarse estas correcciones el riesgo fiscal subiría a 4 por ciento lo que pondría en jaque la calificación externa del país.

Mientras los uruguayos sufrimos una tasa oficial histórica de 16 por ciento de desempleo, que significan 200 mil personas en paro forzoso, en la prensa se habla de una ‘defensa del manejo de la crisis por parte del gobierno’ que propone reformas a la Seguridad Social que abarcan a las Cajas Notarial, Policial, de Profesionales Universitarios.

Ya está en estudio una nueva reforma tributaria, que más que modificar suma aportes al gobierno desde el bolsillo de los consumidores. Se incluye la intención de unificar el IVA en 19 por ciento (los productos de consumo actualmente están cargados con aportes en tres franjas 0, 14, 21 por ciento) considerándose IVA 0 por ciento para algunos productos básicos como arroz, azúcar, sal y leche. Se mantiene hasta por lo menos dos años más el impuesto denominado COFIS, creado este año para paliar la crisis aftósica, que carga a la mercadería importada; al igual que el IMESSA (impuesto creado para gravar el Sistema de Salud) el que se irá adecuando gradualmente hasta llegar a la tasa unificada de IVA.

En la misma línea se confirmó por parte del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que la orientación económica se mantendrá como hasta el momento: se avanzará en la desmonopolización y desregulación de varios servicios públicos como energía eléctrica, combustibles, agua potable, saneamiento y telefonía, entre otros como forma de superar la actual situación económica. Y surge, una vez más la dualidad inacción/reacción, donde la gente ve esfumarse cualquier resto de esperanza, ve birlada su confianza en las propuestas de cambio y percibe, hoy, el futuro confuso y sin salida.

Se inician largas marchas desde el interior a las capitales, se presiona políticamente para torcer la voluntad oficialista de rendirse a las causas de la especulación, se toman los lugares de trabajo ante los cierres de industrias y se cortan las rutas como modalidad de protesta. Tanto en Uruguay como en Argentina, la Unión de Trabajadores Desocupados o los piqueteros, surge por generación espontánea a partir de la pauperización y miseria que comienza a cercarnos.

La joya de la corona a la venta

La telefónica uruguaya (ANTEL) en el año 2000 obtuvo ganancias por 176 millones de dólares, transfiriendo al fondo común de Rentas Generales 15 millones de dólares.

Esta perfomance lograda a través de un equipamiento tecnológico de última generación la posicionó entre las 250 empresas más importantes de América Latina, más precisamente en el lugar 224, logrando a su vez un crecimiento de 140 % desde el año ’90.

La gestión de ANTEL no sólo abarca la telefonía básica, sino también rubros de las telecomunicaciones como transmisión de datos, acceso a Internet y telefonía móvil.

Esta última la brinda a través de Ancel, siendo evidente a lo largo y ancho del mundo, que es una de las áreas de desarrollo con mayor potencial de crecimiento. En cuatro años, desde 1996 a 1999, las ganancias reportadas a la economía nacional se han multiplicado casi por seis (de 7.209 a 40.715 millones de dólares).

El gobierno nacional, en su proyecto de Ley Presupuestal para el período 2000-2005 introdujo dos artículos (612 y 613) que facultan al Ente a transformar Ancel en una sociedad anónima, o sea a privatizarla sin siquiera conocer los nombres de los inversores.

Esta propuesta gubernamental ha tenido serios cuestionamientos de forma, ya que el artículo 216 de la Constitución establece que “no se incluirá, ni en los Presupuestos ni en las Leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda el del mandato del gobierno”. Evidentemente este gobierno es a término el 1º de marzo del 2005, mientras que la venta de parte del Ente sería con plazos mucho más extensos.Pero además, estos artículos han sido puestos en entredicho en la medida en que laudan por sí y ante sí una modificación a la Carta Orgánica del Ente, lo cual es potestad del Parlamento, según lo establece el artículo 188 de la Constitución, cuando reza que “un proyecto en este sentido debe ser aprobado por una mayoría de 3/5 de los legisladores”.

En el año 1992 se plebiscitó lo que se denominó “Ley de Empresas Públicas”, que justamente pretendía privatizar una serie de empresas uruguayas. El 73 por ciento de votantes se pronunció en contra de dicha estrategia.

Casi diez años después, mientras han atacado una a una las empresas estatales como expusimos al inicio de esta crónica, se vuelve a intentar vender ANTEL.

Se vuelve a razonar que su patrimonio de 1.003 millones de dólares, que sus ingresos anuales de 100.000.000 de dólares serán un salvoconducto que refrescará las arcas del gobierno. Seguramente lo hará momentáneamente, perdiéndose definitivamente la inversión y el aporte que año a año es una constante, por que es de porte nacional.

El pueblo uruguayo, entre todos los temas que le preocupan se ha integrado en la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional para recabar 700 mil firmas y antes de febrero del 2002 en que vence el plazo para su entrega a la Corte Electoral, impugnar la propuesta de venta de una empresa rica que se ha construido a lo largo de tantos años de inversión, obligando a plebiscitar estos dos artículos a nivel popular.

Esta resistencia, esta búsqueda de voluntades que quieren expresarse, seguramente es uno de los mejores símbolos, de las oportunidades que nos da la democracia, y es uno de los mejores remedios a la mueca de la situación coyuntural que nos aplasta con no muy buenas novedades.